Senadores republicanos afirman que Departamento de Justicia de EE.UU. conocía operación Rápido y Furioso

Las investigaciones adelantadas por el Congreso de Estados Unidos (EE.UU.) apuntan a que los altos mandos del Departamento de Justicia tenían conocimiento sobre el plan "rápido y furioso" que permitió la entrada de más de dos mil armas de fuego a México, que se encuentran en poder del crímen organizado.

"Los senadores republicanos Charles Grassley y Darrell Issa aseguraron que 'funcionarios de primer nivel en el Departamento de Justicia' estaban 'indudablemente enterados' del tráfico tolerado de armas hacia territorio mexicano", reportó la prensa mexicana este miércoles.

Esta operación adelantada por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés) en conjunto con la DEA y la FBI permitió el tráfico de dos mil 20 armas, de las cuales mil 430 se encuentran desaparecidas, presuntamente en manos de organizaciones criminales de México. A penas 363 fueron recuperadas en EE.UU. y otras 227 en el país centroamericano.

Los congresistas pidieron al fiscal general Eric Holder, quien lleva la causa, copia de las comunicaciones existentes entre una docena de funcionarios del Departamento de Justicia en el desarrollo del "imprudente programa". No revelaron las identidades de los mismos.

Consideran que ésta es una de las denuncias más comprometedoras desde que salió a la luz pública la operación.

Hasta hace una semana fue que la ATF informó la participación de los referidos departamentos de investigación estadounidenses en el plan "Rápido y Furioso".

El Departamento de Justicia encontró como solución al problema del tráfico de armas, exigir a las armerías ubicadas en estados fronterizas que notifiquen las ventas grandes de armas largas.

Esta medida se extiende a las casas de venta de los estados Arizona, California, Nuevo Mexico, y Texas, las cuales deben notificar a las autoridades cuando vendan a una misma persona múltiples rifles semiautomáticos de calibre mayor a .22 durante un periodo de cinco días, según un comunicado emitido por fiscal general adjunto, James Cole.

La decisión fue aplaudida por México.

El pasado 15 de junio senadores estadounidenses presentaron un informe ante el Congreso de la nación en el que afirman que la operación estadounidense Rápido y Furioso, realizada con el propósito de penetrar los cárteles de la droga mexicanos, trajo más violencia a la nación y puso en peligro la vida de muchos civiles.

La operación Rápido y Furioso consistió en que Agentes de la ATF pactaron con vendedores estadounidenses, autorizados, para que ofrecieran armamentos a contrabandistas en México. El objetivo era rastrear esas armas y así poder desmantelar células del crimen organizado.

teleSUR-eluniversal.mx-Efe/ag
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